Archivo para 2/12/10

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CAMBIOS EN CUBA: POCOS, LIMITADOS Y TARDIOS (Partes VI-X)

Personas que viven de recolectar materias útiles en la basura. foto enviada desde La Habana por nuestro colaborador Alberto Hernández

 

 

(PARTE VI)

¨Un sistema opresor no puede ser reformado.  Debe ser totalmente abandonado¨, Nelson Mandela

Sin precisar fecha alguna, en el Punto 9 del Proyecto de Lineamientos se señala “se desarrollarán mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y sin subsidios para el sistema empresarial y presupuestado, los cooperativistas, arrendadores, usufructuarios y trabajadores por cuenta propia”.

Esto es vital, pues mientras no exista un mercado mayorista será casi imposible el desarrollo sano de la iniciativa individual, máxime con la impresionante carga impositiva establecida. Hasta tanto este mercado no aparezca, continuará desarrollándose  la ilegalidad y, sobre todo, el robo  de los recursos estatales, estimulado por el  extendido descontrol existente y  el miserable salario de los trabajadores. En las actuales circunstancias, hasta para hacer refrescos azucarados habrá que recurrir al mercado negro, pues el azúcar que se vende por el racionamiento no alcanza ni para el consumo del hogar -5 libras por persona al mes-. La ofertada en divisas, cuando aparece, tiene un precio  equivalente a 25 pesos la libra refinada y 19 pesos la cruda.  Por tanto, los precios de los refrescos y dulces serán muy elevados, como todos los productos y artículos comercializados por los cuentapropistas.

En la agricultura, las tiendas abiertas para la venta de herramientas e insumos  tampoco constituyen una solución.  Los precios son demasiado altos: una azada vale 115 pesos, un pico sin cabo 200 pesos, una pala 175 pesos, una barreta de 60” 240 pesos, un cubo de 12 litros 235 pesos, una cántara para leche 855 pesos, un rollo de alambre de púas 800 pesos, en un país donde el salario medio mensual es de 429 pesos. Mientras los campesinos tienen que entregar al Estado sus producciones, algunas totalmente (tabaco, café, leche, ganado vacuno para sacrificar…) y otras en un alto porcentaje, a los precios fijados por el Estado unilateralmente por debajo del mercado; con frecuentes largas  demoras en los pagos y  tradicionales deficiencias en la gestión  de las empresas acopiadoras oficiales.

En los Lineamientos desde el Punto 11 al 24 se establecen las ideas referidas a la Esfera Empresarial, con concepciones que constituyeron las bases del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial (SPE), desarrollado anteriormente  en los centros laborales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y que se ha tratado de aplicar en la vida civil sin mucho éxito desde   Agosto de 1998.

El Sistema de Perfeccionamiento impulsado por las FAR, cuando fue implantado en su sistema empresarial resultó un paso positivo en la década de 1980. Una decisión acorde con la posición relativamente progresista que la FAR ha mantenido a lo largo de los años, en comparación con las concepciones  retrógradas y fosilizadas  tozudamente,  prevalecientes para dirigir el resto de la sociedad cubana. Pero en las actuales condiciones,  sus mecanismos de cierta flexibilización en la gestión empresarial, el otorgamiento de mayores facultades para tomar decisiones a los directores de empresas y acceso a superiores ventajas económicas a los trabajadores en función de su desempeño, son medidas insuficientes ante los colosales retos que  enfrenta una nación asfixiada por una crisis económica, política y social indetenible.

Dada la acumulación de problemas en la economía y en un escenario más complejo y amplio que el militar, donde no existe la seriedad y la disciplina castrense y  sin el aseguramiento de los abastecimientos logrados en las empresas de las FAR, resultan absolutamente limitados los esquemas del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial.  Esto ha quedado demostrado fehacientemente durante los años en que se ha tratado implantar en las entidades civiles. Ni siquiera se ha logrado que las empresas y unidades presupuestadas tengan, en un porciento aceptable, un mínimo requisito para poder administrarlas, como resulta poseer una contabilidad confiable, algo difícil de encontrar en Cuba. Así, en la última Comprobación Nacional al Control Interno llevada a cabo por la Contraloría Nacional,  a mediados del primer semestre, más  del 41,0% de las entidades controladas recibieron la calificación de deficiente o mal; incluso el 19,0% de las examinadas, involucradas en el SPE, también fueron catalogadas de idéntica forma.

En el epígrafe referido a la Esfera Empresarial existen  puntos con elementos realistas, pero en un contexto en que se ratifica la prioridad de la planificación centralizada y se relega con énfasis el mercado. Por ello la materialización de esas ideas no pasan de constituir quimeras.   En el Punto 16 explícitamente se subraya: “Las empresas estatales que muestren sostenidamente en sus balances financieros pérdidas, capital de trabajo insuficiente, que no puedan honrar con sus activos las obligaciones contraídas, o que obtengan resultados negativos en auditorias financieras, serán sometidas a un proceso de liquidación, cumpliendo con lo que se establezca al respecto”. Esto implica que se establecerán los mecanismos de bancarrota empresarial, lo cual posee una naturaleza lógica. En las condiciones cubanas, si esto se aplicara hoy, posiblemente habría que cerrar más del 50,0% de las empresas por los niveles de irrentabilidad presentes.

En cuanto la  política de precios, en el Punto 23 se establece que bajo las orientaciones del organismo competente “las empresas aprobarán flexiblemente y con transparencia los precios de las producciones y servicios que ofrecen y podrán realizar rebajas cuando lo consideren necesario”. Habrá que ver como fijarán precios reales bajo el tutelaje del plan y sin considerar el mercado.

La sociedad necesita líneas de dirección de la economía para encaminar y dirigir los esfuerzos, pero no camisas de fuerza  que imposibilite las iniciativas creadoras de las personas.  El Estado en un marco regulado tiene muchas palancas para dirigir la economía. Están las políticas fiscales, de crédito, monetaria e incluso en ocasiones acciones administrativas, entre otras, sin tener que recurrir al dirigismo que no ha funcionado en ninguna parte, y sólo ha promovido enormes burocracias.

Igualmente se debe tratar de que en forma efectiva y no formal, como hasta ahora, los trabajadores participen en la gestión empresarial, para lo cual por supuesto se requieren verdaderos sindicatos, reales representantes de los trabajadores, hoy inexistentes  en Cuba.  La participación de los trabajadores en los beneficios y en las pérdidas de las empresas, como indica la experiencia en diversidad de países, puede ser un incentivo significativo para motivar   la  acertada gestión  de las empresas.

Los Lineamientos dedican 5 de sus puntos a las cooperativas.  Comienzan en el Punto 25 con la aclaración de que “estarán basadas en la libre disposición de los trabajadores a asociarse en  ellas”.  La historia de las cooperativas en sus más de 50 años de existencia en Cuba muestra que de cooperación no han tenido nada.   La pretendida caracterización de que son entidades no gubernamentales constituye un disfraz.

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) fueron creadas burocráticamente en 1993 con las tierras y recursos de las granjas estatales. Los trabajadores se acostaron un día como granjeros y amanecieron como cooperativistas. Como resultado, un alto por ciento de las UBPC son irrentables, improductivas y mantienen gran parte de sus enormes áreas sin cultivar. Realizan su  gestión  bajo un firme tutelaje estatal y gracias a enormes subsidios. Desde su creación, al igual que un alto por ciento de  entidades estatales de otros sectores económicos, han actuado como verdaderos parásitos sociales, además en muchas ocasiones, por falta de control, incluida la falta de una contabilidad confiable, han sido  nidos de ilegalidad y corrupción.

Con  características específicas, la historia se repite en las Cooperativas de Producción Agrícola (CPA) formadas originalmente con tierras de agricultores privados.  Han tenido un grado relativamente más alto de independencia que las UBPC, pero no han podido escapar a la perniciosa influencia de la planificación centralizada y la rígida supervisión política del brazo agrícola del Partido Comunista de Cuba: la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños  (ANAP).  Eso explica la decadencia de las CPA y su continuada disminución.

Si en el segundo quinquenio de los ochenta del siglo pasado hubo como promedio 1 373 CPA, en el 2006 quedaban  1 102, y en 2008 tenían una reducción de sus áreas del 27,0%.  El número de cooperativistas también  descendió sensiblemente en ese período en 22,0%.  De ellas se han marchado especialmente los jóvenes, al no tener ningún aliciente para dedicar sus vidas a la agricultura. En el balance efectuado en el X Congreso de la ANAP, celebrado en Mayo, fue reconocido que de los 27 978 jóvenes pertenecientes a la organización cuando se celebró el anterior Congreso, sólo quedaban 21 164 en el 2010. Un hecho que a la vez que podría reflejar el descrédito de la ANAP, también es consecuencia del abandono masivo de las áreas rurales por las desesperanzadas nuevas generaciones.

En cuanto a las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), donde los productores con muchas dificultades mantienen sus tierras individualmente, con sólo el 18,0% de la superficie agrícola total (cierre de 2007) han generado tradicionalmente  más del 60,0% de la producción agrícola nacional, así como el más bajo por ciento de tierras ociosas, a pesar de la crónica falta de recursos, el permanente hostigamiento, las prohibiciones y la obligatoriedad de entregar las cosechas total o parcialmente al Estado en las condiciones y a los precios arbitrarios fijados por él.

En este escenario si se continúa con la mentalidad de ejercer estrictos controles sobre los posibles cooperativistas y negando la voluntariedad como concepto básico para la formación de las cooperativas, por muchos “buenos deseos” e indefinidos planteamientos que existan, el movimiento cooperativo no avanzará.

Mucho menos progresará sin existir un mercado mayorista que permita adquirir los insumos necesarios a precios racionales, con la aplicación de un  sistema impositivo exagerado y medidas administrativas que fijan límites a los restaurantes a 20 sillas y 3 sillones en las barberías.

 

 

(PARTE VIII)
De la lectura de los Puntos 30 al 34 del proyecto de Lineamientos referidos al Sistema Presupuestado puede apreciarse la continuación de la política vigente de drásticos recortes de los gastos sociales, entre otras medidas de ahorro. Así, la cantidad de unidades presupuestadas se reducirá “hasta el número mínimo que garantice el cumplimiento de las funciones asignadas, donde prime el criterio de máximo ahorro de personal y del Presupuesto del Estado en recursos materiales y financieros”.
Este criterio está en línea con el punto 59 de la Política Fiscal, donde se establece que “los gastos en la esfera social se enmarcarán en las posibilidades reales de recursos financieros que se generen por la economía del país”. Por esta vía se intenta proseguir la política aplicada desde hace un tiempo por el gobierno encabezado por Raúl Castro, dirigida al máximo ahorro de los recursos financieros, fundamentalmente a través de la reducción de los gastos presupuestados con el objetivo entre otras cosas de buscar el equilibrio financiero.
De esa forma están saliendo del sistema de racionamiento algunos productos, a fin de disminuir la subvención de los alimentos y se ha eliminado el costoso e inútil programa de las escuelas en el campo. Con igual objetivo está en marcha una enorme racionalización de personal, con el despido hasta abril de 500 000 trabajadores considerados innecesarios, el 10% de la fuerza de trabajo ocupada, para continuar haciéndolo con otros 800 000 posteriormente, entre otros pasos para procurar una mejor utilización de los recursos disponibles.
En principio resulta una política acertada en el interés de mantener un adecuado equilibrio financiero, en un país donde durante muchos años reinó una amplia subestimación de este tema económico. Ahora, en el Punto 132 de los Lineamientos se plantea “reducir o eliminar gastos excesivos en la esfera social”, y el Punto 162 contempla “implementar la eliminación ordenada de la Libreta de Abastecimiento, como forma de distribución normada igualitaria y a precios subsidiados”. Esta política resultaría coherente si tuviera en contrapartida una mayor libertad económica para que los ciudadanos pudieran ganarse la vida y desarrollar sus capacidades honestamente. Pero, de acuerdo con las concepciones presentes en la legislación que norma el trabajo por cuenta propia y en los propios Lineamientos parecen prevalecer los criterios de que la iniciativa individual no debe desarrollarse y convertirse en un desafío al poder absoluto del Estado. En esas condiciones será muy difícil atenuar los efectos negativos que tendrán seguramente las políticas restrictivas en los gastos que se pretenden aplicar y crear los puestos de trabajo necesarios para la cantidad de personas programadas a ser despedidas.
El ahora criticado “paternalismo oficial” que se quiere eliminar porque la crisis ha llegado a un punto imposible de sostenerlo, ha sido una franja de subsistencia social, creada con el propósito de repartir la precariedad, reduciendo los niveles de vida de la población a esos límites manteniendo determinadas garantías de sobrevivencia. Ante la imposibilidad de preservar esa franja, el gobierno se ha visto obligado a esta política de recortes drásticos de los gastos sociales sin ofrecer verdaderas opciones a la población.

INICIATIVAS BONSAI
El Estado en estos momentos quiere reducir la actividad individual a iniciativas de arbolitos bonsái, mediante las tradicionales prohibiciones y cortapisas, altos impuestos y la carencia de mercados mayoristas. Un mecanismo configurado para mantener el estrecho control del Estado-Partido sobre la sociedad, temeroso de que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad privada pueda convertirse posteriormente en un peligro político para el grupo en el poder. Sin embargo, la seria contradicción de una política con ribetes neoliberales, sin que se brinde a los ciudadanos posibilidades reales de ganarse el sustento decentemente, e incluso aportar de forma racional a los gastos del Estado, podría dinamizar las grandes contradicciones existentes en la sociedad cubana, con peligro de que se produzcan convulsiones sociales, en un ambiente ya permeado por la desilusión y la falta de esperanza. Esto sucede en un marco económico crecientemente complicado, donde las carencias se incrementan constantemente.
En los Lineamientos del Punto 35 al 38 se aborda la situación de los territorios. Se pretende brindar un nivel relativamente mayor de autonomía a las provincias y municipios. Habría que ver sus posibilidades, cuando no se quiere renunciar a la planificación centralizada y persiste una burocracia en los altos niveles opuesta a ceder parcelas de poder. Incluso se corre el peligro de reforzar y reproducir en la base las estructuras burocráticas existentes en los máximos niveles del Estado, sin beneficio alguno, sino incrementar los funcionarios innecesarios.

(PARTE IX)

El Capitulo II del proyecto de Lineamientos se refiere del Punto 39 al 63 a las Políticas Macroeconómicas con directrices generales y referencias concretas a las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y de precios.

Desafortunadamente, la inmensa mayoría de los puntos son fundamentalmente enunciativos, generalidades que soslayan la grave situación presente con la continuada acumulación de graves problemas y sin proponer soluciones reales para los mismos.

Aunque la propaganda oficial en sus inicios para justificar la necesidad del socialismo en Cuba anunció que ese sistema tenía entre sus leyes principales “el desarrollo armónico y proporcional de la economía”, después de 50 años la vida ha demostrado que los resultados son una sociedad estatizada, llena de distorsiones y carente de racionalidad económica.

En una economía pobre como la cubana se ha desarrollado un desproporcionado sector de servicios, que en 2009 representaba el 75,0% del Producto Interno Bruto (PIB),  según datos oficiales.  Las estadísticas muestran que en Cuba, país agrícola por excelencia y exportador neto de alimentos en el pasado, hoy la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  participan en la estructura del PIB con  sólo el 3,9%, de un   11,4% en 1990;  la industria manufacturera que representaba el 23,6% del PIB ese año, ha descendido a 14,9%. La caída en la construcción  ha sido de 7,3% a 5,4%, en el mencionado periodo.

Mientras esto ha sucedido, los servicios, excluyendo los servicios básicos, crecieron desproporcionadamente de 23,6% del PIB en 1990 a 42,0% en 2009, en particular aumentaron  educación, salud pública, asistencia social, cultura y deporte a aproximadamente un 30,0% del PIB en su conjunto. Una economía pobre y atenazada por la crisis, como la cubana, difícilmente podrá mantener una situación semejante. Tener servicios al nivel de Europa, mientras se produce como los países mas ineficientes del planeta es un objetivo imposible de sostener.        De ahí en gran parte provienen los enormes problemas de las finanzas externas y la virtual situación de bancarrota existente con la consiguiente asfixia de toda la economía.

Lamentablemente, nada de eso se dice en los Lineamientos.  Sólo se señala en el Punto 40 la meta de “Lograr el equilibrio externo, a partir de un saldo favorable de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sustentado en el comportamiento de la economía real, que permita compensar el desbalance de la cuenta financiera”.  Eso es un utópico deseo, inalcanzable sin dejar atrás conceptos fracasados y una radical reestructuración económica, seria y responsable, que conlleve la liberación de las aprisionadas fuerzas productivas de la nación.

En el Punto 41, entre otras cuestiones imposibles de obtener sin incrementar  la eficiencia productiva, se habla de “definir la tasa de acumulación necesaria, tomando en cuenta el proceso de recapitalización que requiere la economía”. Esto sin definir de donde saldrá el financiamiento de una economía sin capacidad de ahorro interno y externo, como muestran las estadísticas oficiales o de organismos tan competentes como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): la más baja capacidad de los países de la región.

El problema de la descapitalización física en Cuba es sumamente serio.  Desde inicios de los años 1990 se mantienen tasas de formación bruta de capital fijo en relación con el PIB usualmente inferiores al 10,0%,  menores a las tasas de amortización de los medios de producción y la infraestructura, aceleradas estas por la falta de reposición, actualización tecnológica y de un mantenimiento adecuado.  Según datos publicados por CEPAL en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009, la tasa de formación bruta de capital fijo en América Latina en el período 2000-2008 fue de 18,7%, pero en Cuba fue de 8,4%,  menos de la mitad.  Por supuesto si esta comparación se hiciera en relación con las economías más exitosas de la región, como Chile, las diferencias serían mucho más ostensibles.

Las perspectivas para el comienzo de la solución de este gravísimo proceso de autofagia económica y decadencia generalizada parecen peores.  En 2009, debido a la profundización de la crisis, la inversión disminuyó en un 15,0% y el primer semestre de 2010 volvió a caer en un porcentaje similar, de acuerdo a datos oficiales.

Paralelamente a la descapitalización de la base productiva y la infraestructura, transcurre la descapitalización humana, con consecuencias aún peores para el país -la cual no se menciona en los Lineamientos-, con sus diversas vertientes: masiva descalificación tecnológica, acelerado envejecimiento poblacional y la erosión de los  valores morales, cívicos, de identidad nacional, y de confianza en el futuro del país.  Un factor, además,  promotor de la gran corrupción existente. Si la revolución se hizo para fortalecer los valores cívicos y patrióticos de la nación, lo logrado es todo lo contrario, después de 52 años de manipulaciones y engaños.

En la descalificación técnica está presente la fuga masiva al exterior de los especialistas; a ello se añade las decenas de miles que empujados por las necesidades han dejado sus profesiones para dedicarse a oficios de inferiores requerimientos de capacitación, descalificándose progresivamente.  Incluso aquellos profesionales que permanecen en sus puestos de trabajo generalmente carecen de estímulos y medios suficientes para estar actualizados;  tarea difícil en las actuales condiciones de generalizada   ausencia de información técnica y muy limitado acceso a Internet.

(PARTE X)

Entre las políticas macroeconómicas comprendidas en el proyecto de Lineamientos está el tema Monetario.  En el Punto 46 se plantea como meta: “Estructurar un enfoque adecuado de planificación monetaria a corto, mediano y largo plazo dirigido a lograr el equilibrio monetario interno y externo, no de manera aislada, sino como una unidad”.

En el sistema monetario de cualquier país  se reflejan las incongruencias y las desproporciones de una nación, y en caso positivo sus virtudes y eficiencia.  Al constituir un elemento  básico, su conducción también afecta el desarrollo de todos los demás aspectos de la economía.

En la economía cubana, caracterizada por una elevada ineficacia e improductividad, los resultados negativos son evidentes en el sistema monetario.  Siempre ha habido un desequilibrio entre oferta y  la demanda debido a las enormes cantidades de dinero pagado sin respaldo productivo,  gastado en inversiones con plazos de ejecución extremadamente altos, subvenciones a empresas crónicamente irrentables, o distribuido a través de prácticas demagógicas mediante falsas gratuidades, sin tener en consideración las posibilidades reales del país.

Las consecuencias de esta situación ha sido la persistencia del racionamiento desde marzo de 1962 y la dualidad monetaria resultante en la década de 1990, entre otros males que tanto afectan la economía. También estas nocivas prácticas han incidido en la continuada desvalorización del salario real, que en 2009  representaba el 26,0% del poder de compra del salario de 1989.  Las pensiones también se han erosionado sustancialmente;  el pasado año constituían en términos reales el 33,0% del nivel medio mensual de 1990.

La solución verdadera para estos desequilibrios financieros radica en la posibilidad de incrementar los niveles de producción y de servicios, acompañada de una política financiera sensata que evite gastos que el país no pueda afrontar.  Esto significa que debe buscarse un equilibrio monetario interno y externo para que se recobre el valor de la moneda nacional.

En el campo financiero es necesario motivar a la población a depositar sus ahorros en los bancos, en especial aquellos en moneda convertible, dándosele las debidas garantías y el pago de intereses estimulantes y acordes con la situación financiera del país.   Hoy Cuba paga intereses bancarios muy altos a los prestamistas extranjeros, sin embargo a los nacionales se les abonan intereses sumamente bajos, incluso por debajo de las tasas de inflación reales.  Esto se repite en relación con las dos monedas: pesos convertibles (CUC) y pesos moneda nacional.

Respecto a la política cambiaria, resulta indispensable introducir tasas de cambio  reales.  Las tasas actuales, recargadas por gravámenes absurdos, que pueden conducir a análisis distorsionados y por consecuencia a decisiones equivocadas.  En especial respecto a la política de inversiones, el comercio exterior y otros aspectos vitales para el desarrollo  nacional. Una moneda sobredimensionada representa un serio obstáculo para el crecimiento de la llegada de turistas, al reducir arbitrariamente la competitividad del mercado cubano.

Los Lineamientos de la Política Fiscal abarcan del Punto 55 al 60.  Resulta evidente la intención de enmarcar los gastos de la esfera social a las posibilidades reales de recursos financieros que  genera la economía del país.  En principio esto es inobjetable, pero en las condiciones cubanas significará la disminución de los ingresos de muchas personas que por decenios han dependido de gratuidades y prestaciones estatales que ahora se desean disminuir drásticamente.

Para ello habrá que buscar determinadas compensaciones, y permitir nuevas formas para que los afectados puedan procurarse el sustento honradamente.  De no actuarse así, la política de recortes presupuestarios en un país donde hay tanta pobreza, con el inminente despido de ciento de miles de trabajadores,  significarían grados de miseria más pronunciados; fuentes de incremento de los delitos, sin descartar la posibilidad de una peligrosa inestabilidad social.

La política fiscal puede ser una poderosa herramienta para el desarrollo de Cuba.  A través de impuestos racionales el Estado puede recolectar recursos y redistribuirlos para financiar tareas insoslayables de la sociedad, como son la salud, la educación y la asistencia social, el deporte y la cultura, con oportunidades para todos los ciudadanos.

No obstante, deben prevalecer las concepciones que favorezcan el desarrollo de las empresas, tanto públicas como privadas, sin asfixiarlas con impuestos excesivos como se pretende hacer actualmente con el trabajo por cuenta propia.  El Estado puede recibir mucho más ingresos a través de los impuestos pagados por empresas sanas y prósperas, que creen abundantes puestos de trabajo, como ha demostrado  la experiencia de los países asiáticos que emprendieron  reformas económicas.

El objetivo sería crear posibilidades a las personas emprendedoras para trabajar legalmente y desarrollar sus iniciativas.  Con ello habrá beneficios para los empresarios y para toda la sociedad.  Es imposible la existencia de un Estado rico con empresas pobres.

En cuanto Política de Precios, contenida en los Puntos del 61 al 63, se fija que “el sistema de precios deberá ser objeto de una revisión integral que posibilite medir correctamente los hechos económicos, estimular la eficiencia, el incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones, eliminar subsidios y gratuidades indebidas”.  Habrá que esperar como esos buenos deseos puedan lograrse, en una económica centralmente planificada donde se niega el papel determinante del mercado.

El Estado puede introducir factores modificadores de determinados  precios según las circunstancias, a través del movimiento de sus reservas y las palancas monetarios, crediticias, fiscales e incluso administrativas en determinada circunstancias, al objeto de proteger los intereses de la población, promover  inversiones, facilitar las exportaciones, y posibilitar la adopción de nuevas tecnologías, entre otros objetivos acordes con los intereses de la sociedad.      No obstante, en una economía abierta como la cubana, el establecimiento de un control centralizado de los precios que no sea receptivo a las influencias externas lleva a enormes distorsiones y desequilibrios.

Continuar por ese camino, en un mundo cada día más globalizado y competitivo, es una segura receta para el desastre.

Continuará…

La Habana, 1 de diciembre de 2010
Oscar Espinosa Chepe
Economista y Periodista Independiente

http://www.reconciliacioncubana.com

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